PARADA MILITAR BICENTENARIO EJERCITO DE CHILE 2010

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BICENTENNIAL MILITARY ARMY OF CHILE 2010

REPORTAJES ESPECIALES E INFORMACIÓN ADICIONAL

lunes, 20 de julio de 2009

EL ALBA SE CONVERTIRIA EN SEPTIEMBRE EN TRATADO DE DEFENSA MUTUA


Ampliar la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) al ámbito de las fuerzas armadas, los movimientos sociales revolucionarios y partidos políticos de izquierda que la integran, propuso el presidente de Bolivia, Evo Morales, a su par de Venezuela, Hugo Chávez este 17 de julio. Llevandola al standar de tratado de defensa mutua e integración regiónal.
La Alba es un bloque de integración conformado actualmente por Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y las Granadinas, y los gobiernos izquierdistas de Bolivia, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Honduras (con Zelaya expulsado del gobierno) y Venezuela, arrancó en diciembre de 2004 entre Cuba y Venezuela. Morales aseguró ayer domingo que el planteamiento se lo hizo al Jefe de Estado venezolano el viernes en una reunión en La Paz, Bolivia, en la que coordinaron la preparación de la cumbre de la Alianza izquierdista, que se llevará a cabo en ese país a finales de septiembre."Ya llegó la hora de cómo desligarnos del Comando Sur (de EEUU). Queremos profundizar eso", expresó Morales.Se refirió al golpe de Estado en Honduras que derrocó al presidente Manuel Zelaya, y del cual afirmó "es una advertencia para que no siga creciendo el Alba". En el encuentro en La Paz con el presidente de Ecuador, Rafael Correa y con el de Venezuela, Hugo Chávez, Morales habló de la necesidad de tener una alternativa fuerte frente a la influencia militar de Estados Unidos en la región.

CHAVEZ SACA A JEFE DE INTELIGENCIA. EEUU LO ACUSA DE APOYAR NARCOTRAFICO DE LAS FARC


El presidente Hugo Chávez designó al general Miguel Rodríguez Torres como jefe de una de las principales agencias de inteligencia de Venezuela, cargo que ya ocupó en algunos de los momentos más turbulentos en los más de diez años de gobierno del líder izquierdista.
Rodríguez Torres, uno de los más estrechos colaboradores de Chávez, reemplaza al general Henry Rangel Silva, como jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), la policía política venezolana, se informó el lunes.
El nuevo nombramiento entró en vigencia luego de su publicación en la Gaceta Oficial. El gobierno no informó sobre las razones de salida del general Rangel, ni cual será su destino.
El año pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense acusó a Rangel Silva, junto a Hugo Carvajal Barrios, director de la Dirección General de Inteligencia Militar y Ramón Rodríguez Chacín, quien fue ministro de Relaciones Interiores hasta septiembre del 2008, de apoyar las actividades narcotraficantes de las FARC y advirtió que congelaría sus bienes.
Al respecto, Chávez manifestó que Estados Unidos formuló esas acusaciones "sin pruebas ni nada'' y conjeturó que los señalamientos eran parte de una represalia por la expulsión de su embajador en Caracas unos días antes.
Rodríguez Torres, por su parte, estuvo a cargo en su pasada gestión como director de la DISIP, de varios sonados casos, entre ellos las investigaciones por los ataques que sufrieron en febrero del 2003 la embajada de España y el Consulado de Colombia.
Además de un caso por el que fueron sentenciados en 2005 tres militares venezolanos y 27 colombianos acusados de "rebelión militar'', señalados de integrar un supuesto grupo de paramilitares.
El grupo fue detenido en mayo del 2004 a las afueras de Caracas, y el gobierno los acusó de planificar un complot que incluía el asesinato del mandatario venezolano. Las autoridades adujeron que el plan fue montado por la oposición venezolana y Estados Unidos.
Los opositores y Washington rechazaron la versión.
Rodríguez dejó el cargo de director de la DISIP en medio de un escándalo derivado por la fuga del narcotraficante colombiano José María Corredor, también conocido como José Rodríguez Buitriago, alias el "Boyaco''.
En aquel entonces las autoridades venezolanas dijeron que se determinó que el narcotraficante "gozaba de privilegios'' de parte de la policía política, de cuya sede escapó el 11 de junio de 2005.
Estaba detenido desde octubre del 2004. Tras la fuga, Chávez ordenó reestructurar e investigar "toda la DISIP'', que incluyó la remoción de Rodríguez. No se hicieron cargos en su contra.

GOBERNADORES Y ALCALDE CARACAS DENUNCIAN EN WASHINGTON A H. CHAVÉZ


Los gobernadores Pablo Pérez y César Pérez Vivas, y el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma denunciaron en Washington la persecusión de la que es víctima la disidencia venezolana por parte de Hugo CHavéz.


Los gobernadores Pablo Pérez y César Pérez Vivas, y el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, denunciaron este lunes en Washington la ola de hostigamientos y persecuciones de la que son objeto por parte del gobierno de Hugo Chávez quien está empeñado "en usar la democracia para destruir la democracia” en Venezuela, empezando por los medios de comunicación masiva.
El gobernador Pablo Pérez dijo que Chávez no respeta la autoridad de los gobernadores o alcaldes que militen en partidos de oposición porque “ha secuestrado todos los poderes para concentrarlos en un solo poder”.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, afirmó que “en Venezuela se utiliza los tribunales de justicia como un pelotón de fusilamiento“.
El gobernador de Táchira, César Pérez Vivas, dijo por su parte que “los tiros apuntan” hacia un modelo similar al de Cuba y pidió la intervención de la comunidad internacional para evitar ese propósito.
Los tres hablaron en un coloquio en el Consejo de las Américas, como parte de las actividades que están desarrollando en la capital estadounidense.
También informaron que en Venezuela existen “presos políticos, perseguidos y otros tantos que han tenido que exiliarse o pagar la penalización de la disidencia”.
Ledezma informó que “en Venezuela se viene desarrollando un fraude constitucional” debido a que Chávez estaba implementando leyes cuya propuesta fueron ya rechazadas hace dos años en un referéndum que dijo “no” a la reforma constitucional, incluyendo la “socialización” de la propiedad privada.
Asimismo, indicó que Chávez estaba igualmente “apalancando una hegemonía comunicacional” con una agenda que ha arrebatado licencias de operación a medios opositores, así como “acciones contra comunicadores” que han apelado a organismos internacionales en busca de amparo.


VISITA PREVIA A LA CIDH.

Ledezma dijo que horas antes de presentarse en el coloquio, el grupo estuvo en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA, para informar a sus miembros sobre las dificultades de los opositores en el país.
Agregó que el martes serán recibidos por el secretario general de la organización, José Miguel Insulza.

LA MOLESTIA DE EL EMBAJADOR VENEZOLANO.
El embajador venezolano ante la OEA, Roy Chardeton, expresó su disgusto por la decisión de Insulza de recibirlos, pero Ledezma afirmó que el diplomático, ex canciller de Chávez, “debería más bien responder la denuncia que compromete a los presidentes de Venezuela y Ecuador en tratos con movimientos terroristas, guerrilleros” de Colombia.
Esas denuncias, contenidas en un video en el cual aparece el líder de las FARC, alias Mono Jojoy, formulando los comentarios incriminantes, y de otros casos que ocurren en Venezuela seguirán siendo difundidas por la oposición, dijo Ledezma.
Indicó que era “curioso” que Chávez apele a la OEA para defender a un gobernante allegado a sus ideas, como el depuesto presidente Manuel Zelaya, de Honduras, mientras en otras circunstancias suele pedir la desaparición de la organización.
El gobernador de Táchira dijo que hablar en Venezuela como lo hacían fuera del país sería tomado como “una traición a la patria” por el presidente Chávez. “Hay signos agresivos de un militar que no entiende la vida civil ni la vida democrática”, dijo.
A la pregunta de si creía que Chávez estaba involucrado en narcotráfico, Pérez contestó: “No tengo ninguna duda que el gobierno del presidente Chávez tenga una identidad política e ideológica con las FARC, pues se ha presentado ante el Parlamento y ha confesado que las FARC es un movimiento respetable que merece el reconocimiento de nuestro país”.
“Entonces, cuando llegamos a ese nivel de solidaridad política, cuando un jefe de estado usa el Parlamento para darle esa calificación a un movimiento terrorista, vinculado al narcotráfico, todo puede pasar”, agregó.

VENEZUELA, PALABRAS PRESIDENCIALES IRRESPONSABLES


Ricardo Trotti

¿Tiene un presidente los mismos derechos que un ciudadano para expresar sus opiniones y argumentos? Claro que sí. ¿Y para decir lo que se le antoja, burlarse o insultar a otros? Por supuesto que no.
En materia de libertad de expresión, por su envergadura pública y debido a las consecuencias que sus pronunciamientos pueden acarrear, un presidente tiene más restricciones y responsabilidades que una persona normal y corriente. Así como sus acciones están limitadas -no puede declarar la guerra o irse de viaje al extranjero sin la aprobación del Congreso- también lo están sus palabras. Pero no lo sienten así muchos presidentes latinoamericanos, demostrándolo con sus constantes dichos sarcásticos, desafiantes y burlones. Estas actitudes provocan en algunos cierta autocensura, en otros una retórica vengativa, a la vez que pueden estimular violencia. Uno de esos presidentes es Rafael Correa, quien en su última alocución semanal, y tras ser criticado por burlarse de los medios de comunicación y desacreditar a los periodistas en su espacio sabatino, "La libertad de expresión ya es de todos", retó a los ecuatorianos a que le escriban a info@elciudadano.gov.ec, para saber si "tiene algo de malo" emitir su informe semanal a la ciudadanía. Correa desvirtuó la pregunta y cometió dos errores. Primero, la crítica no era sobre el espacio y el hecho de informar, sino sobre sus adjetivados insultos contra quienes dan noticias y opiniones que no le favorecen. Segundo, un mandatario no tiene la potestad de elegir si dar o no información, sino la obligación legal y moral de hacerlo. Hablar u opinar no es necesariamente informar. Correa, Hugo Chávez, Cristina de Kirchner, Evo Morales y, entre otros, Daniel Ortega, quienes prefieren hablar en cadenas nacionales, espacios propios de medios privados y estatales, mítines políticos y actos públicos o través de spots y publicidades, lo que generan no es información, sino comunicación de una sola vía. Pura propaganda. El acto de informar dentro de la administración gubernamental democrática, tiene otros ingredientes esenciales, como la transparencia que garantiza y obliga una ley de acceso a la información pública, la argumentación que se fragua en el debate de las ideas con la oposición y el cuestionamiento que se alcanza en conferencias de prensa y entrevistas periodísticas. Aspectos estos, muy ausentes en los gobiernos mencionados. Evidenciado por sus prédicas contra quienes los critican, muchos presidentes no admiten que como funcionarios renuncian a privilegios de privacidad, asumen restricciones y deben estar más expuestos a la crítica y a la fiscalización pública. Da la impresión que manejan la función pública como patrones de estancia, creyendo que se les dio un país en usufructo, cuando lo único que legitiman las elecciones es la gerencia temporal de los bienes del Estado, actividad que infiere tres valores: eficiencia, honestidad y transparencia. El presidente Chávez inauguró hace 10 años este estilo discursivo de gobernar, en el que usa como arma a la retórica para atacar y degradar a cualquier tipo de adversario. Esa arenga, además de conseguir titulares, tiene dos riesgos, desalienta el debate por la autocensura que genera en el desacreditado, mientras que instiga a los partidarios a la violencia. Sus declaraciones recientes sobre Honduras, infiriendo insurrección, guerra civil y militarización, prueban que sus palabras tienen la intención de profundizar, más que de solucionar la crisis. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias disputas entre periodistas y el Estado venezolano, falló que los funcionarios públicos tienen mayores responsabilidades en cuanto a sus pronunciamientos, ya que los dichos hostiles pueden exacerbar la intolerancia y animadversión, y "constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión". La Corte señaló que las restricciones a los dichos de los funcionarios, deben ser mayores en situaciones de conflictividad social, ante el peligro de que los riesgos puedan potenciarse. Lamentablemente, estos fallos no fueron acatados ni aprendidos. La polarización extrema que hoy se vive en Latinoamérica, no se debe tanto a la diferencia entre modelos políticos, sino al antagonismo de las palabras, dichas por presidentes irresponsables que no se comportan a la altura de su investidura, sino más bien, como agitadores de barricada.

ZELAYA PRESENTA PERFIL SIQUIATRICO DEL TIPO OBSESO Y MEGALOMANO


La idea del derrocado presidente de cambiar la Constitución se había convertido en una obsesión patológica, propia de un dictador. Mando a construir una estatua suya e instalarla en medio de los proceres de Honduras en la Casa Presidencial

Funcionarios del gobierno mostraron ayer una estatua y un busto que el ex presidente Manuel Zelaya Rosales mandó a esculpir y que se encontraban almacenadas en una bodega de la Casa Presidencial.
La estatua, en la que aparece Zelaya con una mano alzada, fue esculpida por el mismo autor de las esculturas de los próceres de la independencia que se encuentran en el jardín del palacio presidencial.
Según el periodista Rodney Moncada, al parecer el depuesto presidente pretendía unirse a la alegoría de los independentistas hondureños del siglo XIX, colocando su estatua en medio de las del general José Trinidad Cabañas y de Francisco Morazán, y atrás de las de Dionisio de Herrera y José Cecilio del Valle, que aparecen sentados en una banca.
Sobre esta inusual actitud de un gobernante, el siquiatra Javier Uclés comentó que deja en evidencia que Zelaya padece de megalomanía, una enfermedad que se define en psiquiatría como la “sobreestimación delirante de las propias capacidades; delirio de grandeza; convicción irracional de la propia riqueza, fama o poder”.
Por su parte, el analista político Raúl Pineda considera que este tipo de simbología son características de los dictadores. Saddam Hussein se mandó a erigir una estatua gigantesca. Hugo Chavéz en Venezuela tiene plegado la ciudad con banderas e imagenes de su mismo.
Según Pineda Alvarado, el ex presidente Zelaya “refleja un trastorno de personalidad conocido como megalomanía, que determina esa creencia de considerarse excepcionalmente importante y con derecho a gobernar no solo en el entorno inmediato sino que a perpetuidad”. Pineda Alvarado comentó que Zelaya “necesita con desesperación una ayuda siquiátrica”.
Los voceros de la Casa de Gobierno informaron también que Zelaya tenía presupuestado U.S.3.5 millones de dólares para construir frente al palacio de gobierno la plaza La Libertad, en la que estarían colocados los bustos de los demás presidentes que integran la Alternativa Bolivariana para los pueblos de América (Alba) además del suyo.
Una costosa extravagancia más de Zelaya en un país que permanentemente esta aprisionado por la estrechez económica. Cabe preguntarse. ¿En que ayudaría al pueblo hondureño un parque de estatuas de Hugo Chávez, Manuel Zelaya, Evo Morales y Rafael Correa?